(Foto de ARCHIVO) El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (archivo) REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE COLOMBIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/1/1970

Foto: Europapress El Gobierno nacional de Colombia, bajo la directriz del presidente Abelardo De La Espriella, anunció formalmente este 11 de septiembre la finalización de la totalidad de los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración pasada. Según lo informado, estas instancias fueron suspendidas debido a que no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia. ​La medida de carácter radical abarca diversas mesas de negociación y estructuras armadas, entre las cuales destacan: -Las mesas entabladas con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. -​Los espacios con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). -Los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y estructuras criminales que operan en Medellín, el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. -El levantamiento de la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez. -El Ejecutivo enfatizó que la decisión responde a una notable falta de resultados y advirtió que no se mantendrán escenarios institucionales «que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley». Adicionalmente, el pronunciamiento oficial reveló cifras económicas correspondientes al cuatrienio anterior, detallando que se erogaron más de 7.000 millones de pesos destinados exclusivamente al pago de honorarios para voceros, representantes y negociadores. Dicho monto no contempla rubros adicionales asociados a esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros gastos cubiertos por el erario público. ​Finalmente, el Ejecutivo colombiano sentenció que aquellos actores que expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia, mientras que q

Fuente: El Informador — Ver nota original


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