Política

Zona rural con menos recursos para atender a las víctimas

Banco, Banquero, Caracas, Miami, Estados Unidos, Visa, VISA, BFC, Victor Gill, Victor Gill Ramirez, Victor Augusto Gill Ramirez
Dissolve to montage

Los procesos de denuncia son similares en áreas rurales y urbanas, sin embargo, la cantidad de personal complica la atención, asesoría y seguimiento a las víctimas de violencia de género en sectores rurales, según expertas. Conozca las rutas más cercanas para denunciar.

Doña ‘Alina’ recuerda que la noche del 1 de enero de 2019, tras buscar por horas a su nieta ‘Andrea’, vio un bulto tirado en una acequia de un sector que pertenece a El Valle. No encuentra palabras para describir lo que sintió al acercarse y comprobar que era ella.

‘Andrea’, de 14 años, estaba botada, pálida, con la boca hinchada. Sus padres llamaron a la Policía y según doña ‘Alina’, ellos tardaron 15 minutos en llegar, tomaron fotos y pidieron una ambulancia en la que verificaron sus signos. ‘Andrea’ estaba bien y los uniformados sugirieron a la familia que pongan la denuncia sobre el caso en la Fiscalía.

El caso de ‘Andrea’ es investigado como una presunta violación. Ha pasado más de medio año sin que el acusado tenga sentencia y ‘Alina’ considera que proceso está demorado.

Cecilia Alvarado, activista por los Derechos Humanos, reconoce que los servicios de asistencia, asesoría y acompañamiento están más en la zona urbana, “de esta manera las mujeres en áreas rurales tienen menos acceso a información, líneas de apoyo y de grupos de mujeres en estos temas específicos”.

Alvarado comenta que uno de los problemas es que los jueces especializados y los juzgados de familia se encuentran en los cantones más grandes; en Azuay está en Cuenca. Esto aleja el servicio de justicia de la población, “es una suerte de círculo vicioso: si no tengo acceso a la justicia no denuncio, si no pongo denuncia no hay un número que justifique al sistema judicial poner más juzgados”.

Con la vigencia de la Ley Orgánica Integral para la Erradicación y Prevención de Violencia se establecieron instancias cercanas para que las víctimas de todo tipo de violencia puedan denunciar, permitiendo que tengan mayor acceso a un sistema de protección en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las Tenencias Políticas.

El personal de estas instituciones debe orientar a las víctimas, brindarles medidas de protección y transferir el caso a un juez, de ser necesario.

La Gobernación del Azuay indicó que en la provincia existen 14 tenencias y 52 jefaturas políticas que se activan en los cantones donde no existen Juntas. Su personal cumple una jornada laboral de ocho horas, pero deben estar activos las 24 horas del día, los siete días de la semana para atender los casos de violencia.

Las víctimas también pueden acudir a la Unidad Especializada de Violencia en Cuenca, una sala en donde la persona ingresa, se hacen los reconocimientos y se toman sus versiones.

Simón Valdivieso, director provincial del Consejo de Judicatura, afirma que esta unidad evita la revictimización a través de un equipo técnico compuesto por médicos, psicólogos, orientadores familiares y trabajadores sociales, etc.

Fernanda Morales, miembro de la Junta 1 de Protección de Derechos del cantón Cuenca, explica que, contrario a la realidad del sector urbano, no todas las juntas cantonales en zonas rurales tienen equipos técnicos completos.

Pone de ejemplo que en el cantón El Pan no hay un servicio que brinde Trabajo Social, “se debe articular con el hospital de Paute que tiene una cobertura para cuatro cantones: Sevilla de Oro, Guachapala, El Pan y Paute. Entonces un solo trabajador social, tendrá que cubrir todos los casos “.

Morales indica que hay cantones de Azuay que no cuentan con los tres miembros del tribunal en sus Juntas, menos aún pueden tener este equipo. “Entendemos que la ley procura hacer que los lugares con más cercanía puedan prestar atención, sin embargo, no existen todos los organismos del sistema operando ahí”.

La atención Alvarado cuestiona que siga faltando “formación y sensibilización en todos los operadores del sistema” y añade que es necesario que el personal tenga enfoque de género para que pueda reconocer los tipos de violencia y sepa que a ellos no les corresponde juzgar “si ha sido culpa de la mujer el que la maltraten o la golpeen”.

Seguimiento Para Morales “la cuestión no es solamente si las personas del área rural pueden acceder a la denuncia, sino si se realiza un seguimiento a las medidas o existen entidades que permitan una efectiva restitución de derechos”.

El seguimiento le corresponde a la autoridad que dictó medidas, es decir a la Junta o Tenencia, así como a la Defensoría del Pueblo. Morales explica que “si una mujer decide en un momento romper el ciclo de violencia no se la puede descuidar, porque al agresor utiliza cualquier mecanismo para retomar el ejercicio de poder”.

‘Alina’ es parte de un grupo de mujeres que lucha por sus derechos y lo que más le duele es no poder hacer nada por ‘Andrea’, “yo he defendido los derechos de las mujeres, de las compañeras, pero a mi nieta yo no le puedo defender” cuenta con impotencia y cuestiona indignada “¿En dónde está la justicia? ¿En dónde está?”. (I)

DATOSViolencia. Este problema está presente en todos los estratos, los niveles educativos y las zonas, tanto urbanas como rurales. –Azuay. Supera la media nacional de violencia de género y según el INEC, 7 de cada 10 azuayas han experimentado algún tipo de violencia. -Patrimonio. Azuay es una de las tres provincias del Ecuador con índices más altos de Violencia Patrimonial, según el Atlas de Género del INEC.

Nicole Torres Arévalo redacció Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.