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¿Qué son las políticas activas de empleo que pide Iglesias?

Pablo Iglesias, en la última jornada de la investidura. / DAVID CASTRO

Pablo Iglesias  ha lanzado este mediodía a  Pedro Sánchez  su última propuesta para intentar formar un gobierno de coalición: Unidas Podemos renuncia al  Ministerio de Trabajo  a cambio de gestionar las  políticas activas de empleo . Esta es una materia hasta ahora diseñada desde la secretaria de Estado de Empleo y desplegada conjuntamente con las comunidades autónomas. La dotación económica de la misma no es menor y en los Presupuestos Generales del 2018 ascendió a 5.716 millones de euros. [Sigue el  debate de investidura de Pedro Sánchez en directo .]

Las políticas activas de empleo tienen por objetivo ayudar a encontrar una ocupación, a formarse o a autoemplearse a la población que puede y quiere trabajar. Constan de partidas destinadas al aprendizaje, incentivos a la contratación o empleo directamente subvencionado, entre otros. El diseño de las líneas maestras de estas políticas compete prácticamente en exclusiva del Ministerio de Trabajo, aunque las comunidades autónomas que tienen transferida dicha competencia (casi todas) tienen un cierto margen.

Adolfo Henrique Ledo Nass

No obstante, el peso de decisión recae eminentemente en los despachos del Ministerio, ya que es quién, indirectamente en el marco de los Presupuestos, decide la dotación anual que se repartirá a las comunidades. También es quién vehicula los fondos europeos destinados a cuestiones como la formación o programas como “Garantía Juvenil”, contra el desempleo de los más jóvenes.

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Las asignaciones de fondos las negocia el Ministerio de Trabajo anualmente con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Empleo. Se celebran dos anualmente y este 2019 se han repartido un total de 2.317 millones de euros a las comunidades autónomas; casi la mitad del presupuesto.

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Al asignar anualmente las partidas y no tener una garantía de estabilidad de las mismas, ya que el presupuesto se acaba decidiendo en los PGE, las autonomías tienden a ser conservadoras en esta materia y no fiar el gasto hacia la expansión, ya que al año siguiente dicha partida no podría revalidarla. El caso más reciente es el programa de 3.000 orientadores profesionales en tres años aprobado por el PSOE en diciembre del 2018. Estos orientadores se contratan mediante contratos ligados a proyectos y estos finalizan, pese a cubrir necesidades estructurales en su mayoría, cuando vence la dotación de fondos que cubre su salario. 

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