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Juez concede suspensión provisional a la orden de aprehensión contra Ernesto Canales

Monterrey.- El juez décimo catorce de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, Erik Zabalgoitia Novales, concedió una suspensión provisional a la orden de aprehensión que giró un juez de control, en contra de Ernesto Canales Santos, ex procurador anticorrupción de Nuevo León.

En virtud de que el presunto delito de administración fraudulenta, no se tipifica como grave, por lo que Canales Santos, podría enfrentar su proceso en libertad.

Se espera que el próximo 16 de julio se realice la audiencia donde se determinará si el juez le concede a Ernesto Canales, la suspensión definitiva.

Cabe recordar que el pasado 24 de junio, el Juez vigésimo cuarto de lo Penal en la Ciudad de México, giró una orden de aprehensión en contra de Ernesto Canales Santos , por el presunto delito de administración fraudulenta.

La orden de aprehensión también se giró en contra de su ex socio, César Gerardo Francisco García Méndez, por el mismo presunto delito, al considerar que los abogados se habrían apropiado de seis millones de dólares en perjuicio de Paula Cusi Presa Matute, viuda de Emilio Azcárraga Milmo.

Esto se derivó de una denuncia que hizo Paula Cusi el 26 de marzo de 2012, en la que explicó que los abogados se apropiaron de la mencionada suma, debido a un litigio por la sucesión testamentaria de Emilio Azcárraga Milmo .

En la orden de captura se pide a Ernestina Godoy, procuradora de la Ciudad de México girar “sus apreciables órdenes a quien corresponda a efecto de que elementos a su cargo se avoquen a la búsqueda, localización y aprehensión de César Gerardo Francisco García Méndez y Ernesto Canales Santos por ser probables responsables en la comisión del delito de administración fraudulenta”.

Cabe recordar que en abril de 2016, en la anterior legislatura del Congreso local, los diputados cuestionaron a Ernesto Canales sobre este presunto ilícito y mencionó que la cantidad que reclamaba Paula Cusi, era para la recuperación de costos por el proceso legal en el que los abogados la representaron.

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